El inicio del año escolar, esta semana, ha estado marcado por dos contingencias que han recordado algunas de las tareas más desafiantes para el gobierno en materia de educación. Por un lado están los miles de estudiantes de las comunas de la Quinta Región afectadas por los incendios de hace algunas semanas que se han visto materialmente impedidos de volver a clases. Por otro lado, la decisión de los profesores de un grupo de escuelas de la Región de Atacama de paralizar sus actividades en protesta por lo que denuncian como las insuficientes condiciones materiales para enseñar. Aunque estos son pocos -seis establecimientos de un total de 78 que dependen del Servicio Local de Educación Pública- el tema ha llamado la atención por su conexión con la masiva movilización de los profesores de esa región el año pasado, que resultó en que los estudiantes perdieran más de 80 días de clases. El paro del año pasado además visibilizó para la opinión pública los problemas que se venían produciendo en el proceso de desmunicipalización de la educación que comenzó en 2017, y dio pie a denuncias y recriminaciones políticas sobre el funcionamiento de los SLEP. Y aunque la movilización terminó con un acuerdo con el ministro de Eduación, Nicolás Cataldo, en noviembre pasado, se trató de una paz frágil.
Ahora, el ministro Cataldo ha pedido “no sobredimensionar” el conflicto actual, pero la decisión de un grupo de dirigentes del colegio de profesores de Atacama de iniciar una huelga de hambre le ha dado otro cariz al problema.
¿Qué demandan y qué respuestas han tenido los profesores de Atacama? ¿Cómo marca este conflicto la gestión del gobierno en Educación? De eso conversamos hoy con Roberto Gálvez, periodista de La Tercera especializado en esta área.