El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Gerardo Werthein, exigió al gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro que conceda de forma "inmediata" salvoconductos para los seis opositores venezolanos refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas.
Desde marzo, seis colaboradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado se encuentran refugiados en la misión diplomática argentina acusados de terrorismo. Según el ministro argentino, se ven sometidos a cortes de agua, del suministro eléctrico, restricciones en la entrada de alimentos y la "constante presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de la sede diplomática".
Marcelo Céspedes, abogado especialista en derecho internacional y profesor de la Universidad Católica Argentina, explica lo que estas acciones significan desde un marco legal.
Esto es una violación a convenciones internacionales de derecho internacional, como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En estos tratados, que tanto Argentina como Venezuela han firmado, el estado receptor se obliga a garantizar la seguridad y la inviolabilidad de los locales o de las misiones consulares diplomáticas. Esto de cortar la electricidad, el agua, internet es una clara violación al derecho internacional.
Argentina ¿puede exigir salvoconductos para los refugiados?
El estado receptor no está obligado a entregar el salvoconducto, salvo que alguna Corte Internacional lo exija, pero aquí habría que discutir sobre la calificación del delito por el que se los persigue: una parte sostiene que son perseguidos políticos, y otra parte, Venezuela, dice que son terroristas, delincuentes, que no son perseguidos políticos. El asilo debe entregarse solamente cuando hablamos de delitos políticos, es decir, que se persigue a una persona porque piensa diferente.
El abogado termina advirtiendo que, si el gobierno venezolano decide no entregar los salvoconductos, los refugiados pueden quedarse incluso años en la sede diplomática argentina, como ocurrió con Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres donde estuvo siete años.
Hay otros casos, en los que se ha violado el derecho internacional y las autoridades han decidido entrar por la fuerza a detener a los asilados. Esto ya ocurrió el pasado mes de abril en la Embajada de México en Ecuador, cuando fuerzas policiales entraron a detener al ex presidente, Jorge Glas, sentenciado por casos de corrupción.